Un estudio oficial atribuye la ola de pederastia al cambio social que confundió al clero – Los obispos admiten que su lenta reacción agravó el problema
Ni la homosexualidad, ni la pederastia, ni el celibato, ni la prohibición de que las mujeres lleven los hábitos. Un estudio oficial encargado por la Conferencia Episcopal norteamericana y publicado ayer acusa a la llamada revolución sexual de los años sesenta y setenta, y su efecto entre unos curas poco preparados para ella, de la lacra de abusos y violaciones a niños en parroquias y colegios católicos norteamericanos.
El informe, encargado en 2006, ha costado 1,8 millones de dólares (1,26 millones de euros), pagados en su mayoría por la Conferencia Episcopal y organizaciones católicas y en una menor parte por el Gobierno, a través del departamento de Justicia.
“El aumento de los casos de abuso entre los años sesenta y setenta lo influenciaron factores de la sociedad en general“, se asegura en el informe, elaborado por el Colegio de Justicia Criminal John Jay de la City University de Nueva York. “Otros factores que se mantuvieron invariables a lo largo del periodo de tiempo analizado, como el celibato, no son responsables del incremento o el decrecimiento de casos de abuso en ese espacio de tiempo“.
Durante décadas, el clero en EE UU se ha escudado a veces en el hecho de que había sido infiltrado por homosexuales y pederastas. El estudio también rechaza esa tesis: “La conclusión más significativa de esta información es que no hay un rasgo psicológico, de desarrollo o de comportamiento, que diferencie a los curas que abusaron de menores de los que no lo hicieron“.
Las agrupaciones de víctimas se sentían ayer indignadas. “No puedo creer que acusen a la revolución sexual de que a mí me violara un cura en 1969“, asegura a este diario Barbara Blaine, que en 1988 fundó la Red de Supervivientes de Abusos por parte del Clero. “Si hay alguien a quien culpar es a las diócesis y a los obispos, que sabían de esos depredadores y los destinaban a otros colegios, para que siguieran abusando. Nunca, durante esos años, les llevaron a la policía o a los tribunales. Ese estudio del John Jay College ha sido elaborado con información que han autorizado los obispos. A los investigadores no se les dio la autoridad legal para entrevistar a los curas abusadores. Por eso ha llegado a ese tipo de conclusiones ridículas. Es un informe pagado por los obispos, con información de los obispos, que llega a las conclusiones que quieren los obispos”.
El estudio explica que los curas que se incorporaron al clero en los años sesenta y setenta se enfrentaban a un cambio social de enormes dimensiones, alimentado por la llamada revolución sexual, que les sumió en un estado de confusión que pudo facilitar los abusos. Asegura el informe que, además, la lenta reacción de la jerarquía eclesiástica, que prefirió transferir a los curas a otros destinos e ignorar las quejas de los abusados, agravó el problema.
Un momento de inflexión en esa tradición de mirar hacia otra parte llegó con la visita papal de Benedicto XVI a EE UU en 2008, en que se reunió con víctimas de abusos e hizo contrición ante ellos.
“Culpan al contexto social porque se autoengañan, no asumen sus responsabilidades“, opina el abogado Jeff Anderson, de Minnesota, que representa a cientos de víctimas en demandas colectivas en Estados Unidos y otros países. “Siempre han tratado de culpar a los curas de forma individual diciendo que son homosexuales y que es un problema de conducta, o ahora, que estaban influenciados por el contexto social. Pero no es así. Es un problema de negación de la realidad por parte de la jerarquía católica, que escondió los abusos, y por tanto fue cómplice. Se comportan como un alcohólico que no se da cuenta de su dependencia, que no ve el problema. Ese informe, que en realidad es un gran anuncio publicitario que sirve a sus intereses, identifica algunos errores. Y no son errores: encubrir a un violador es participar en un crimen como cómplice”.
El año pasado, la máxima instancia judicial de EE UU, el Tribunal Supremo, rechazó considerar si el Vaticano podría quedar amparado por la inmunidad diplomática, algo que solicitó para evitar tener que enviar a miembros de la Curia a declarar sobre qué se sabía en Roma acerca de los abusos perpetrados en Estados Unidos. Al desestimar la apelación, el Supremo permitió que siguiera una demanda histórica contra la jerarquía católica por un caso de abuso en Oregón en los años sesenta.
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